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El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Colonización firmaron un convenio de cooperación,  políticas de estímulo, asistencia técnica y transferencia de conocimientos. El objeto del acuerdo es  ejecutar un plan piloto donde las personas privadas de libertad en el último escalón de su   rehabilitación social transiten por un tratamiento que incluya trabajo rural sin interrupción  de sus relaciones conyugales y filiales.
Este convenio se enmarca en las nuevas políticas de tratamiento penitenciario que impulsa la actual administración. Con este convenio “se contempla la instrumentación de políticas de acción afirmativas, dirigidas a aquellos reclusos que han dado señales claras de interés y voluntad de encaminarse hacia una convivencia social, alejada del delito”, como expresa el documento.  El ministro del Interior Eduardo Bonomi explicó que este plan piloto prioriza un tratamiento que incluya a los privados de libertad con sus familias, porque con esta modalidad las posibilidades de recuperación impactan decisivamente en el resultado final. Ambos organismos formarán una comisión de especialistas, quienes determinarán las condiciones en las cuales se desarrollará el plan piloto.
El presidente del Instituto Nacional de Colonización Andrés Berterreche  comprende que la tarea educativa con los reclusos es la mejor forma  de evitar la reincidencia del delito. “Las políticas -de recuperación- son  políticas de todos, el Instituto tiene que ser uno más en el Estado para  apoyar este tipo de situación”, subrayó el presidente.  Un nuevo sistema carcelario  “Nosotros estamos hablando de un sistema carcelario basado en la  progresividad”, explicó el ministro Bonomi. El sistema incluye desde  un régimen de seguridad extrema hasta las mayores posibilidades  de trabajo posibles, incluida la libertad ambulatoria. El proceso de  recuperación más profundo será el que se construya a partir de este  convenio, señaló el secretario de Estado.  La idea del Ministerio del Interior sobre el alcance de este convenio  también incluye a las personas que ya cumplieron la pena y obtuvieron la libertad. De esta manera, los ciudadanos que cumplieron su castigo contarían con un lugar  donde desarrollar los conocimientos adquiridos en la cárcel.  Tal como anunció el ministro Bonomi, durante las conversaciones se habló de  “El Espinillar”, en Salto, pero también de otros espacios, siempre de  carácter rural. Los principales beneficiarios serían los privados de libertad  del interior del país. “Así ellos podrán contar con un estímulo para intentar   salir rápidamente de las condiciones de privación de libertad, para encontrar  un lugar en la sociedad. Nosotros sabemos que es posible”.