“Si los responsables del mundo son todos venerablementeadultos, y el mundo está como está, ¿no
será que debemos prestar
más atención a los jóvenes?
M. Benedetti
El INAU es el órgano rector de las políticas
destinadas a promover, proteger o restituir
los derechos de niños, niñas y adolescentes,
articulado en un Sistema Nacional de Infancia en
el marco de la Doctrina de la Protección Integral,
y tiene como cometido garantizar el ejercicio
efectivo de la ciudadanía de todos los niños, niñas
y adolescentes del Uruguay. Por su parte, y tal
como corresponde a su calidad de sujetos plenos
de derecho, el INAU debe garantizar el adecuado
desarrollo personal de todos los niños, niñas
y adolescentes que se encuentran bajo su tutela,
asegurándoles igualdad de oportunidades para su
inserción social.
Los servicios que brinda prestan especial atención
a aquellos sectores de la población que presentan
mayor vulnerabilidad (perteneciente al primer
quintil por debajo de la línea de pobreza).
A diciembre de 2010, alcanzó una cobertura de
66.654 niños, niñas y adolescentes, atendidos en
todo el país a través de las diferentes modalidades
de abordaje.
La cobertura de atención del Plan CAIF para la primera
infancia alcanzó a 42.831 niños y niñas con
334 centros. Por su parte, se atendieron 1.549 niños
y niñas de 0 a 4 años en 37 Centros Diurnos,
6.560 niños y niñas en 154 Clubes de Niños y 7.699
adolescentes en 79 proyectos de Centros Juveniles.
En la modalidad de protección (amparo) se asistieron
66.036 niños, niñas y adolescentes -61.445
correspondieron a tiempo parcial (93%) mientras
que 4.591 fueron atendidos en tiempo completo
(7%)- mientras que 618 (0,93 %) fueron atendidos
por infracciones a la ley penal. De estos últimos,
350 están privados de libertad; para los restantes la
Justicia dictaminó medidas alternativas a la privación
de libertad por considerar que no constituyen
un peligro latente para la sociedad.
Un altísimo porcentaje de los delitos cometidos
son contra la propiedad (alrededor de 80%) y no
contra las personas (en el entorno de 8%).
El perfil de los adolescentes sometidos a procesos
judiciales muestra una mayoría de varones, de entre
16 y 17 años; con sobrerepresentación de adolescentes
que no estudian ni trabajan, y tienen un
alto rezago educativo.
Uruguay cuenta con una población de 3.424.595
habitantes, de los cuales, según datos del año
2009: 791.256 son niños, niñas o adolescentes,
entre 0 y 19 años de edad, constituyendo el 23,1%
de la población total. En 2008, casi el 40% de los
menores de 18 años pertenecía a hogares pobres.
Los adolescentes de las clases sociales desfavorecidas
son quienes entran al sistema.
Adolescentes que hoy son victimarios pero que primero
fueron víctimas de la pobreza, desnutrición,
explotación laboral, violencia familiar o social, baja
o nula escolaridad, drogadicción… exclusión en
el más amplio sentido de la palabra; en definitiva
ellos son la consecuencia no el problema.
Garantizar los derechos de los niños, y asegurar
por ende su desarrollo integral, exige del estado y
de la sociedad civil un enfoque global que tome
distancia de las miradas sectoriales; haciendo foco
en las principales áreas de política: seguridad social,
salud, educación, protección, en un enfoque
integral, que impliquen ser conscientes de que las
acciones y omisiones en una etapa, en particular
en los primeros años de vida de los niños tienen
consecuencias en los subsiguientes, y lo que se
haga (o no se haga), si bien no determinará, al menos
condicionará el desarrollo posterior del niño.
Hay situaciones que son síntoma evidente de la
exclusión que viven algunos niños y adolescentes
uruguayos: el estudio del abordaje de los temas de
violencia en los medios de comunicación muestra
con claridad que la agenda mediática de infancia
y adolescencia se centra en la violencia y la peligrosidad.
En el año 2006, entre los meses de agosto y noviembre,
Unicef implementó un monitoreo de noticias
de infancia en los medios de comunicación
que abarcaron radio, televisión y prensa. De 1358
noticias referidas a infancia y adolescencia, 491 correspondían
al tema de violencia, de las cuales el
50,1% se concentraba en situaciones en conflicto
con la ley. La dimensión que presentó en la agenda
esta categoría, llevó a indagar su composición
interna. En esta observación se constató que el
57,7% del tratamiento de esta temática se concentró
en niños y adolescentes que están vinculados
al delito.
La asociación de infancia-adolescencia con la idea
de peligrosidad se constituye en la percepción dominante,
tanto por el volumen de noticias que vinculan
a niños y adolescentes con el conflicto con la
ley como por el tratamiento que reciben en el discurso
informativo: el adolescente es presentado en
un papel de agresor, como amenaza para el adulto.
El énfasis está colocado en la necesidad de protección
de los vecinos, los funcionarios que trabajan
con privados de libertad, la sociedad toda.
Las noticias referidas a la violencia en ámbitos educativos
tienden a fortalecer la percepción de peligrosidad
de niños y adolescentes.
Menos del 50% de las noticias de violencia analizadas
incluyen referencias a fuentes. Son frecuentes
las afirmaciones contundentes sin el respaldo de
datos.
El término dominante para nombrar niños, niñas
y adolescentes es “menor”, que en general constituye
un atributo agravante de su caracterización
como agresor, y que rememora la doctrina de la
situación irregular que concebía al niño como un
“menor incapaz”, carente de responsabilidad y por
tanto objeto de protección y represión por parte
de los adultos y del Estado.
El comportamiento de los medios en la construcción
de la agenda muestra una tendencia a concentrarse
y repetir estos temas, generando en la
población que los recibe la percepción de que son
miles los jóvenes que cometen delitos, cuando en
realidad sí son miles por ejemplo las víctimas de
trabajo infantil (más de 50.000), pero esto, por el
momento no constituye rédito político promocionarlo
en los medios.
adolescentes la Constitución de la República en su
artículo 43, prevé un régimen especial a la delincuencia
infantil.
El Código de la Niñez y la Adolescencia contiene
47 artículos (69 al 116), en donde se establece un
sistema para aplicar a partir de los 13 años, esto es:
los menores de edad sí son imputables.
La imputabilidad se define como la capacidad del
ser humano para entender que su conducta lesiona
los intereses de sus semejantes y para adecuar
su actuación a esa comprensión. Significa atribuir
a alguien las consecuencias de su obrar, para lo
cual el acto debe ser realizado con discernimiento,
intención y libertad. Es un concepto jurídico de
base psicológica del que dependen los conceptos
de responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de
estas capacidades, bien por no tener la suficiente
madurez (menores de edad), bien por sufrir graves
alteraciones psíquicas (enajenados mentales), no
puede ser declarado culpable ni puede ser penalmente
responsable de sus actos.
Ser reconocidos como sujetos de derecho implica
reconocer el goce y ejercicio de sus derechos y la
correspondiente asunción de responsabilidad por
sus actos de acuerdo a su grado de madurez y desarrollo
(principio de autonomía progresiva).
Cuando a nivel mundial se reclama la adecuación
de los ordenamientos jurídicos a los principios de
la Convención de los Derechos del Niño(ratificada
por Uruguay en el año 1990, a través de la ley
16.137), en particular los que se establecen en los
artículos 37 y 40, a efectos de que la privación de li-
bertad siempre constituya el último recurso y en su
caso se disponga por el menor tiempo posible; se
reclama por la vigencia de los derechos humanos
y por la implementación de políticas adecuadas
que reviertan esta situación, en nuestro país se recolectan
firmas para bajar de 18 a 16 años la edad
de responsabilidad penal (con convencimiento de
que de esta manera se solucionaran los problemas
de inseguridad), vulnerando así las garantías de
protección a las que tienen derecho las niñas, niños
y adolescentes, donde la propuesta evidencia
un desbalance a favor del castigo y en desmedro
de lo restaurativo. Trabajar en el marco de los derechos
humanos y con un enfoque protector implica
pensar las intervenciones desde un lugar donde
las acciones se reorienten al fortalecimiento de un
sistema de políticas sociales de promoción y restitución,
dejando atrás los enfoques de castigo o
tutela.
Atacando las causas y no encerrándolos cada vez
más chicos es que encontraremos las soluciones.
Habilitándolos, brindando igualdad de oportunidades
es que haremos de este, el país justo que
todos deseamos.
“No obstante, la juventud aguarda un gesto, una
rendija de esperanza.
Aunque se aturda, aunque recurra a mil variantes
de violencia, la juventud espera ser atendida y
ayudada a sobrevivir. Y los prójimos de todas las
edades deberían comprender que en la salvación
de la juventud reside el secreto
de su propia salvación”.
M. Benedetti
